1. El derecho: Concepto y acepciones.

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos inter subjetivos.

1.1 El término  “derecho”  tiene tres acepciones:

          1)  Ius res: Lo justo.   

          2)  Derecho subjetivo   

          3)  Derecho normativo.

1.2 El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, esto es, toda la creación jurídica del órgano estatal que ejerza la función legislativa.

1.3 El derecho vigente no solo está integrado por las normas legales y las reglas consuetudinarias que el poder público reconoce y aplica. A él pertenecen asimismo los preceptos de carácter genérico que integran la jurisprudencia obligatoria y las normas individualizadas (resoluciones judiciales, contratos testamentos, etc.).

1.4 El derecho natural vale por sí mismo, en cuanto intrínsecamente justo.

1.5 El derecho, en su sentido objetivo, es un conjunto de normas.

1.6 El derecho subjetivo es la facultad que tiene un sujeto de ejecutar o abstenerse de determinada conducta, o del Estado para crear o no determinados tipos de normas.

1.7 Derecho Público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas (jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las ejerce) y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y de los órganos de la Administración pública entre sí.

Clases:

  • Derecho Privado: Derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado, derecho marítimo, derecho bancario, derecho  bursátil.
  • Derecho Público: derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo, derecho procesal, derecho internacional público, derecho financiero, derecho aéreo.
  • Derecho Constitucional: Es una rama de la ciencia jurídica que se ocupa del Estudio de la ley suprema de los Estados del Mundo.
  • Derecho Internacional: Normas que regulan las relaciones entre los Estados, determinan obligaciones y competencia de los diversos estados y reglamenta el funcionamiento de las instituciones internacionales.
  • Derecho Mercantil: Conjunto de normas que regulan la actividad comercial empresarial y las acciones considerados por la ley como mercantiles.
  • Derecho Penal: Disposiciones jurídicas que regulan el poder sancionador y preventivo del Estado. Establecen el concepto de delito, la responsabilidad del sujeto actuante y la determinación de la pena.
  • Derecho Administrativo: Parte del derecho que regula el funcionamiento de la propia administración estatal y el comportamiento dentro de la misma o con respecto a los demás entes.
  • Derecho Civil: Conjunto de leyes que regulan las relaciones privadas entre los ciudadanos. Se ocupa de materias privadas que no poseen legislación particular, tiene que ver con bienes, inmuebles, muebles, separación de cuerpos, entre otros.
  • Derecho del Trabajo: Conjunto de leyes que regulan la prestación de cualquier tipo de trabajo por cuenta ajena. Es un derecho autónomo ya que atiende a los pactos colectivos que hacen surgir las normas jurídicas.
  • Derecho Procesal: Conjunto de normas que regulan la aplicación del ordenamiento legal a los casos concretos, consta de varias ramas derecho procesal civil, penal, administrativo, internacional, y ordenamiento procesal canónico.

1.8 Normas de Derecho General

Que se aplica en todo el territorio del Estado español.

1.9 Normas particulares o de Derecho Foral

Que sólo se aplica en determinadas zonas territoriales o Comunidades Autónomas. Una de las peculiaridades de España en materia jurídica de Derecho Civil consiste en la coexistencia dentro de su territorio de ordenamientos jurídicos diferentes (País Vasco, Cataluña, Aragón, Baleares, Galicia y Navarra).

1.10 Características de las normas jurídicas.

  1. Imperatividad – Mandamiento.
  2. Generalidad – Para todos.
  3. Coercibilidad – Puede ser impuesta por la fuerza.
  4. Legitimidad – Justa.
  5. Bilateral – Obliga tanto al que la hace como al que la recibe.
  6. Racionalidad – Orientadas al bien común y en beneficio de todos.
  7. LAS NORMAS JURÍDICAS POSITIVAS: CONCEPTO, ESTRUCTURA, CLASES Y CARACTERES.

2.1 CONCEPTO: El Derecho Positivo es el conjunto de normas que se aplican.

2.2 ESTRUCTURA: Según el Código Civil son fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (Art. 1º Código Civil). La Constitución de 1978 es la fuente suprema del Derecho español, por lo que las normas jurídicas han de crearse y estar de acuerdo con los cauces constitucionalmente previstos.

A.  Artículo 1Código Civil.

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre.

4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».

6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

B.       La norma jurídica necesita de dos elementos fundamentales como son:

       – Supuesto de hecho: Es la conducta o acción humana.

       – Efecto o consecuencia jurídica: Es la respuesta jurídica.

  • CLASES de normas jurídicas.
  • Normas rígidas: La mayoría de edad o las leyes penales.
  • Normas elásticas: La buena fe o las buenas costumbres.
  • Normas comunes: El código penal.
  • Normas particulares: El derecho foral.
  • Normas necesarias: El matrimonio se celebra de una forma determinada.
  • Normas supletorias: El contrato de trabajo.
  • Normas generales: El matrimonio lo celebra el juez o el alcalde.
  • Normas especiales: Plazos de prescripción.
  • Normas regulares: Las donaciones o el testamento en el código civil.
  • Normas excepcionales: Los aforados.
  • Irretroactividad
  • CARACTERES. Las características de las leyes son en sentido estricto:
    • Tienen una estructura jerárquica: Las normas de rango inferior no pueden contradecir a las de rango superior.
    • Es una norma jurídica estatal de primer rango.
    • Ha de ser publicada en el BOE.
    • Sólo puede regular las materias que tiene reservadas (El IRPF debe estar regulado directamente por ley y no mediante órdenes ministeriales).
    • Tienen carácter general: Van dirigidas a toda la sociedad.
  • Tienen carácter obligatorio.
  • Su origen. Si las leyes son estatales emanan de las Cortes Generales. Si son autonómicas emanan de los Parlamentos Autonómicos. Siempre han de ser dictadas por un Parlamento Autonómico o Estatal. (La diputación de Barcelona nunca podrá dictar una ley).
  • EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA.

Fue Kelsen, jurista austriaco, el primero que estableció la necesidad de una jerarquía de las normas jurídicas.

Efectos de las normas jurídicas.

  1. Eficacia motivadora. Existe el deber de cumplir la norma.
  2. Eficacia sancionadora. Temor al castigo por su incumplimiento.

       3.Eficacia constitutiva. Transforma la realidad social en jurídica

1. La Constitución es la ley fundamental, la Carta Magna del Estado, es única, con tendencia a perdurar pero siempre modificable aunque, como es lógico, con un procedimiento ciertamente complejo. En ella podemos distinguir tres partes claramente diferenciadas:

• La introducción donde se establecen los principios básicos en los que se sustenta el sistema político.

• La parte dedicada a los derechos y deberes fundamentales de los españoles.

• Y la explicación de la organización, estructura y funcionamiento del Estado español.

       La misma Constitución, en los arts. 81 y siguientes regula la elaboración de las leyes. También en su artículo 97 nos habla del ejercicio del poder normativo por parte del poder ejecutivo.

2. Leyes orgánicas son las leyes que desarrollan derechos fundamentales, régimen electoral general, Estatutos de Autonomía y otras disposiciones de la Constitución que expresamente deban ser desarrolladas por este tipo de ley. Su aprobación requiere mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

3. Leyes ordinarias son las leyes habituales, que no afectan a los derechos expuestos para las leyes orgánicas. Necesitan aprobarse por mayoría simple.

4. Leyes delegantes, son delegaciones que las Cortes hacen al Gobierno para que éste dicte normas con rango de ley sobre materias determinadas. Cuando el Gobierno hace uso de esta facultad la norma recibe el nombre de decreto legislativo. Se caracterizan porque no pueden afectar a materias reservadas a la Ley Orgánica y porque se necesita una autorización del Congreso para aprobarlos, así como un dictamen (informe) del Consejo de Estado (Organismo asesor que debe pronunciarse sobre diversos temas que se les proponen). Las Leyes de bases y las leyes ordinarias podrán crear decretos legislativos que serán respectivamente Textos Articulados o Textos Refundidos.

5. Decreto-ley, son disposiciones legislativas de carácter provisional que puede dictar el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Es una norma con rango de ley.

— Tiene un carácter provisional puesto que el Congreso de los Diputados debe convalidarlo en el plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Si el Congreso no convalida un decreto ley en este plazo sería inconstitucional.

— El Congreso también puede afectar y derogar un decreto ley, normalmente las mayorías políticas garantizan la aprobación de Decretos leyes en el Congreso.

— El Decreto no puede afectar a materias reservadas a la Ley Orgánica.

— El Decreto Ley se tramita por el igual procedimiento establecido para los proyectos ley que deben tramitarse con carácter urgente.

6. Reglamentos: El Poder Ejecutivo dicta normas escritas que tienen como función la de desarrollar las leyes. Son lo que genéricamente se llaman reglamentos. Estos reglamentos pueden adoptar las formas de decretos, órdenes, etc. Son disposiciones administrativas de carácter general y de rango inferior a la ley. Se caracterizan porque no pueden ir contra las leyes (excepciones reglamentos contra legem) ni regular materias reservadas a las leyes. Su función es la de completar las leyes. Las leyes son bastante genéricas por eso se completan los principios básicos (ley) con los reglamentos, que son más específicos.Los reglamentos tienen que ser dictados por la Administración.

6.1 Tipos de reglamentos :


  * R. ejecutivos: SECUNDUM LEGUEM. Son los más comunes.
  * R. independientes: PRAETER LEGUEM. Fomentos, servicios públicos.
  * R. de necesidad: CONTRA LEGUEM . Debe de haber una ley que faculte al Gobierno para dictarlos.

7. Derecho consuetudinario, también llamado usos y costumbres, es una fuente del derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo en un territorio concreto. Tienen fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho. Conceptualmente es un término opuesto al de derecho escrito.

8. Los principios generales del Derecho son los enunciados normativos más generales que, sin haber sido integrados al ordenamiento jurídico en virtud de procedimientos formales, se entienden forman parte de él, porque le sirven de fundamento a otros enunciados normativos particulares o recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos.

El art. 1.6 del Código Civil dispone que la jurisprudencia «complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho»,

9. La analogía es un principio de interpretación del Derecho. Se sustenta en la semejanza que debe existir entre el caso previsto y el no previsto, evitando así la diferencia radical entre ambos. Mediante la analogía, un juez aplica una norma a un supuesto de hecho distinto del que contempla, basándose en la semejanza entre un supuesto y otro. El juez tiene la obligación de dictar sentencia.

4. LA PERSONA EN SENTIDO JURÍDICO: CONCEPTO Y CLASES; SU NACIMIENTO Y EXTINCIÓN. CAPACIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE OBRAR.

4.1 CONCEPTO Y CLASES:

4.1.1 Persona física: Artículo 29.Código Civil. El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. Artículo 30.Código Civil. La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.

4.1.2 Persona jurídica: Una persona jurídica o persona moral es un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto jurídico (acto de constitución).

4.2 NACIMIENTO Y EXTINCIÓN: Artículo 40 Ley del Registro Civil. Son inscribibles los nacimientos en que concurran las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Civil.

4.2.1 Artículo 41 Ley del Registro Civil. La inscripción hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, del sexo y, en su caso, de la filiación del inscrito.

4.2.2 Artículo 42 Ley del Registro Civil.La inscripción se practica en virtud de declaración de quien tenga conocimiento cierto del nacimiento. Esta declaración se formulará entre las veinticuatro horas y los ocho días siguientes al nacimiento, salvo los casos en que el Reglamento señale un plazo superior.

4.2.3 Artículo 81 Ley del Registro Civil. La inscripción hace fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que acontece.

4.2.4 Artículo 82Ley del Registro Civil. La inscripción se practica en virtud de declaración de quien tenga conocimiento cierto de la muerte. Esta declaración se prestará antes del enterramiento.

4.2.5 Artículo 181 Código Civil. En todo caso, desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, podrá el Secretario Judicial, a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor…

4.2.6 Artículo 183 Código Civil. Se considerará en situación de ausencia legal al desaparecido de su domicilio o de su última residencia: Primero. Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes. Segundo. Pasados tres años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes. La muerte o renuncia justificada del mandatario, o la caducidad del mandato, determina la ausencia legal, si al producirse aquéllas se ignorase el paradero del desaparecido y hubiere transcurrido un año desde que se tuvieron las últimas noticias, y, en su defecto, desde su desaparición. Inscrita en el Registro Central la declaración de ausencia, quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales otorgados por el ausente.

4.2.7 Artículo 187 Código Civil. Si apareciese el ausente, deberá restituírsele su patrimonio, pero no los productos percibidos, salvo mala fe interviniente, en cuyo caso la restitución comprenderá también los frutos percibidos y los debidos percibir a contar del día en que aquélla se produjo, según la declaración del secretario judicial.

4.2.8 Artículo 188 Código Civil. Si en el transcurso de la posesión temporal o del ejercicio de la representación dativa se probase la muerte del declarado ausente, se abrirá la sucesión en beneficio de los que en el momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o legítimos, debiendo el poseedor temporal hacerles entrega del patrimonio del difunto, pero reteniendo, como suyos, los productos recibidos en la cuantía señalada.

4.2.9 Artículo 193 Código Civil. Procede la declaración de fallecimiento: Primero. Transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición. Segundo. Pasados cinco años desde las últimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente setenta y cinco años. Los plazos expresados se computarán desde la expiración del año natural en que se tuvieron las últimas noticias, o, en su defecto, del en que ocurrió la desaparición. Tercero. Cumplido un año, contado de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de siniestro este plazo será de tres meses.Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado, siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la subversión.

4.2.10 Artículo 194 Código Civil. Procede también la declaración de fallecimiento:

Primero. De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido dos años, contados desde la fecha del tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración oficial del fin de la guerra.

Segundo. De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes.

Tercero. De los que no se tuvieren noticias después de que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado, o, en caso de haberse encontrado restos humanos en tales supuestos, y no hubieren podido ser identificados, luego que hayan transcurrido ocho días.

Cuarto. De los que se encuentren a bordo de una nave que se presuma naufragada o desaparecida por inmersión en el mar, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido un mes contado desde las últimas noticias recibidas o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje.

Quinto. De los que se encuentren a bordo de una aeronave que se presuma siniestrada al realizar el viaje sobre mares, zonas desérticas o inhabitadas, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase, y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido un mes contado desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha de inicio del viaje. Si éste se hiciere por etapas, el plazo indicado se computará desde el punto de despegue del que se recibieron las últimas noticias.

4.2.11 Artículo 195 del Código Civil. Por la declaración de fallecimiento cesa la situación de ausencia legal, pero mientras dicha declaración no se produzca, se presume que el ausente ha vivido hasta el momento en que deba reputársele fallecido, salvo investigaciones en contrario. Toda declaración de fallecimiento expresará la fecha a partir de la cual se entienda sucedida la muerte, con arreglo a lo preceptuado en los artículos precedentes, salvo prueba en contrario.

4.2.12 Artículo 196 del Código Civil. Firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación por los trámites de los juicios de testamentaría o abintestato, según los casos, o extrajudicialmente. Los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta cinco años después de la declaración del fallecimiento.

4.2.13 Artículo 197 del Código Civil. Si después de la declaración de fallecimiento se presentase el ausente o se probase su existencia, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren y tendrá derecho al precio de los que se hubieran vendido, o a los bienes que con este precio se hayan adquirido; pero no podrá reclamar de sus sucesores rentas, frutos ni productos obtenidos con los bienes de su sucesión, sino desde el día de su presencia o de la declaración de no haber muerto.

4.2.14 Artículo 314Código Civil. La emancipación tiene lugar:1.º Por la mayor edad. 2Por concesión de los que ejerzan la patria potestad. 3Por concesión judicial.

4.2.15 Artículo 315 Código Civil. La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento.

4.2.17 Artículo 317 Código Civil. Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria potestad se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro.

4.2.18 Artículo 318 Código Civil. La concesión de emancipación habrá de inscribirse en el Registro Civil, no produciendo entre tanto efectos contra terceros. Concedida la emancipación no podrá ser revocada.

4.2.19 Artículo 319 Código Civil.Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de éstos. Los padres podrán revocar este consentimiento.

4.2.20 Artículo 320 Código Civil. El Juez podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si éstos la pidieren y previa audiencia de los padres: 1.º Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor. 2.º Cuando los padres vivieren separados. 3.º Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad.

4.2.21 Artículo 321 Código Civil. También podrá el Juez, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare.

4.2.22 Artículo 322 Código Civil. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código.

4.2.23 Artículo 323 Código Civil. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio. Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad.

4.2.24 Artículo 324 Código Civil. Para que el casado menor de edad pueda enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes, basta si es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos; si también es menor, se necesitará, además, el de los padres o curadores de uno y otro.

4.3. CAPACIDAD JURÍDICA Y DE OBRAR:

4.3.1  La Capacidad jurídica (o simplemente, capacidad) es, en Derecho, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones; de reclamar los primeros y contraer los segundos en forma personal y comparecer a juicio por propio derecho.

4.3.2  La Capacidad de obrar es la aptitud de la persona para constituir, modificar, o extinguir relaciones públicas, es la idónea para realizar actos jurídicos.

5. ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.

5.1 Artículo 17 Código Civil.1. Son españoles de origen: a) Los nacidos de padre o madre españoles. b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos, hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España. c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.

2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación.

5.2 Artículo 18 Código Civil. (Posesión de estado). La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó.

5.3 Artículo 19 Código Civil. 1. El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen. 2. Si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema jurídico del país de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, ésta será reconocida también en España.

5.4 Artículo 20 Código Civil. 1.Tienen derecho a optar por la nacionalidad española: a)Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b)Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c)Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19.

2.La declaración de opción se formulará: a)Por el representante legal del optante, menor de catorce años o incapacitado. En este caso, la opción requiere autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha autorización se concederá en interés del menor o incapaz. b)Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquél sea mayor de catorce años o cuando, aun estando incapacitado, así lo permita la sentencia de incapacitación. c)Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años. La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación. d)Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la recuperación de la plena capacidad. Se exceptúa el caso en que haya caducado el derecho de opción conforme al párrafo c). 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio del derecho de opción previsto en el apartado 1.b) de este artículo no estará sujeto a límite alguno de edad.

5.5 Artículo 21Código Civil. 1. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales.2. La nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y mediante la concesión otorgada por el Ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional.

3. En uno y otro caso la solicitud podrá formularla: a) El interesado emancipado o mayor de dieciocho años. b) El mayor de catorce años asistido por su representante legal. c) El representante legal del menor de catorce años. d) El representante legal del incapacitado o el incapacitado, por sí solo o debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación.

4. Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23.

5.6 Artículo 22 Código Civil. 1.Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

2. Bastará el tiempo de residencia de un año para: a)El que haya nacido en territorio español.b)El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. c)El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud. d)El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho. e)El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho. f)El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

3.En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.

5.7 Artículo 23 Código Civil. Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia: a)Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. b)Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24y los sefardíes originarios de España.c)Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.

5.8 Artículo 24 Código Civil. 1.Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil. 2. En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. 3. Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. 4.No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en este precepto, si España se hallare en guerra.

5.9 Artículo 25 Código Civil. 1.Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: a)Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.b)Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.

2.La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de quince años.

5.10 Artículo 26Código Civil. 1.Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos:a)Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales. b)Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española. c)Inscribir la recuperación en el Registro Civil.

5.11 Artículo 27Código Civil.Los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los Tratados.

5.12 Artículo 28Código Civil. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código. Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales.

6. EL DOMICILIO. LA VECINDAD CIVIL.

6.1 EL DOMICILIO: es un atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona (física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella.Tipos:

  1. Real o voluntario: (art. 40 Código Civil). “Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales; es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil” (por ejemplo: donde uno está empadronado).

       “El domicilio de los diplomáticos residentes en el extranjero por razón de su cargo, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieren tenido en territorio español”.

       (Art 41 Código Civil) “Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto”.

  • Legal o necesario:Lo fija la ley en función del que tiene otra persona o entidad de la cual se depende. Como ejemplos de esta clase de domicilio podemos citar: el de los hijos sujetos a la patria potestadque será el de sus padres; como también será el de sus tutores o guardadores para el caso de menores o incapacitados; el de los comerciantes será el de la localidad que fijen como centro de sus operaciones; el de los militares y funcionarios será donde esté emplazado su lugar de destino; y por último el matrimonial, que será fijado por los cónyuges de común acuerdo y, en caso de discrepancia, resolverá el Juez, teniendo en cuenta el interés de la familia.
  • Efectivo o especial, contractual o convencional:Se escoge para determinados actos jurídicos, independientemente de que se resida habitualmente, o no, en él; por ejemplo el que se fija para la celebración de un contrato.

Un cuarto supuesto no recogido en el código civil:

  • Múltiple: si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, la legislación de los países habitualmente la considera domiciliada en cualquiera de ellos; pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, éste será el domicilio de la persona.

Nuestra Carta Magna, considera como un indispensable principio de libertad, la salvaguarda del derecho a la intimidad del domicilio y a su libre elección, y así dispone en su artículo 18.2: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Y en el art.19: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”.

6.2 Respecto al domicilio, cabe señalar el artículo 554 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal., considera domicilios particulares, a los efectos de su entrada y registro:

  1. Los Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de efectuar la entrada o registro.
  2. El Edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia.
  3. Los buques mercantes españoles.
  4. Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.

El Tribunal Constitucional considera que las habitaciones de los hoteles pueden constituir domicilio de sus huéspedes, ya que, en un principio, son lugares idóneos para que en las mismas se desarrolle la vida privada. Por lo tanto no podrán ser registradas sin orden judicial o sin consentimiento del titular, fuera de los casos de delito flagrante.

7. LA VECINDAD CIVIL: 

7.1 Artículo 14 del Código Civil.

1. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil. 2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad.Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes.3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común. Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción. La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio de vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos. En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido en la opción por el representante legal. 4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la vecindad civil del otro.

5. La vecindad civil se adquiere: 1.°Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad. 2.° Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este plazo. Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan ser reiteradas.

6. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento.